Claves del resultado de las elecciones autonómicas a la CAM

Fuente: Comunidad de Madrid

El 10 de marzo de 2021 Isabel Díaz Ayuso convocó elecciones anticipadas a la Asamblea de Madrid. Las elecciones del pasado 4 de mayo han dejado una victoria clara para el PP, que dobla resultados y deja la candidatura rozando la mayoría absoluta.

Desde 19N hemos elaborado una Nota técnica que incide en las claves del resultado de las elecciones: Cuál es el contexto político en el que se encuentra la Comunidad Autónoma de Madrid, un análisis de los resultados obtenidos por cada partido, el calendario que se deberá seguir hasta la constitución del nuevo gobierno, y los posibles escenarios de gobernabilidad junto a las claves para la próxima legislatura que, recordamos, solo tendrá una duración de dos años (el tiempo restante hasta que se convoquen elecciones autonómicas en las Comunidades que accedieron a la autonomía según los artículos 143 y 144 de la Constitución).

Podéis encontrar el documento a continuación:

brecha digital de género

8M y la brecha digital de género

brecha digital de género
Fuente: Capterra

Un año más llega el 8 de marzo, día Internacional de la Mujer, y desde 19N queremos celebrarlo compartiendo algunos de los datos más relevantes sobre la brecha digital de género

Primero de todo, nos gustaría apuntar qué es lo que entendemos por brecha digital de género; lo definimos como las diferencias que se crean entre hombres y mujeres respecto a cuestiones relacionadas con el acceso al mundo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y al uso de Internet, generalmente en detrimento de las mujeres. Asimismo, esto se puede calcular a través del porcentaje de hombres y el porcentaje de mujeres en el uso de indicadores TIC expresada en puntos porcentuales (INE).   

En los últimos años, como se indica en los estudios “Mujeres y digitalización: de las brechas a los algoritmos” y “Las mujeres en la economía digital española: trayectorias inspiradoras” del Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad, en España la brecha digital de género se ha visto reducida de forma progresiva, pasando de 8,1 a 1 punto porcentual (2008-2018), aunque siguen existiendo desigualdades y las mujeres tiene una posición desfavorable en tanto al uso de Internet y competencias digitales. Además, por lo que se refiere a competencias avanzadas, como programación, se observa una diferencia mayor, de 6,8 puntos, la media a nivel de la UE es de 8 puntos. 

A nivel de porcentaje de graduados/as en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, España está en la posición 12 dentro de la UE, hay 17 puntos porcentuales de diferencia entre hombres y mujeres. Por otro lado, cabe destacar que solo un 23,4% del total de investigadores en el sector de servicios TIC son mujeres. Solo un 12% del total de personas con capacidad de decisión de alto nivel en la participación de proyectos de innovación ligadas a la IA y el Machine Learning son mujeres. Menos del 25% del personal investigador en IA en instituciones y organizaciones académicas son mujeres.

Creemos que es relevante destacar que solo un 2% de las mujeres ocupadas lo están en el sector TIC, frente al 5,7% de los hombres. Asimismo, como apunta el estudio Barcelona Digital Talent (2019) solo un 8% de las mujeres ocupan puestos de trabajo técnicos y especializados y además meramente representan el 22% del total de candidaturas presentadas a las ofertas de trabajo ligadas al sector digital. Solo un 11% de los profesionales en programación de códigos fuente (escribir software) son mujeres. Igualmente, en el campo de la ciberseguridad a nivel mundial solo el 11% son mujeres.  

Las mujeres cobran un 8,9% menos que los hombres en su misma posición en este sector. Además, solo un 17% de iniciativas empresariales como la creación de start-ups se ve liderada por mujeres. El informe Gender, Technology, and the Future of Work (2018) del Fondo Monetario Internacional apunta que el 11% de los puestos de trabajo ocupados por mujeres están en alto riesgo de automatización.

Estos son solo algunos datos que ponen de relieve que aún hay mucho campo por recorrer en el sector TIC en lo que se refiere a la igualdad de género, aún y los progresos alcanzados los últimos años. Proyectos como los premios DonaTIC, organizados por el Departamento de Políticas Digitales y Administración Pública, son algunos de los ejemplos que se desarrollan desde la administración pública catalana para trabajar y revertir esta situación de desigualdad. Otros ejemplos de iniciativas, a nivel europeo, es la aprobación del informe sobre el cierre de la brecha digital de género: participación de la mujer en la economía digital por el Parlamento Europeo.     

Asimismo, os animamos a seguir el encuentro organizado por Foment del Treball Nacional que se realizará mañana a las 12.00 sobre “Women in Tech” en ocasión del día Internacional de la Mujer y en el que participaran mujeres relevantes del sector de las tecnológicas, os podéis inscribir en el siguiente enlace.

Plan de Recuperación de la UE

Claves del Plan de Recuperación de la UE

Plan de Recuperación de la UE
Fuente: Comisión Europea

¿Qué es el Plan de Recuperación?

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, está inspirado en la Agenda del Cambio, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, está previsto que movilice en los próximos tres años el 50% de los recursos con los que cuenta el Estado español gracias al instrumento Next Generation EU (NGEU). En otras palabras, este Plan guía la ejecución de cerca 72.000 millones de euros entre los años 2021 y 2023, 390.000 millones en forma de subvenciones y 360.000 millones en préstamos; asimismo, cumple con precisión las prioridades de los fondos europeos de recuperación: la inversión “verde” representa más del 37% del total del Plan y la digitalización cerca del 33%.

El Plan diseñado para los próximos tres años se estructura en torno a cuatro transformaciones y principios (la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial) y diez políticas tractoras*

El Fondo de Recuperación Europeo consta de dos instrumentos a través de los cuales se canalizarán los recursos: por un lado, la Facilidad para la Recuperación y la Resiliencia, que concentra el grueso con 59.000 millones en transferencias, y por otro lado el REACT-EU que permite a España obtener financiación por un importe de 12.400 millones.

Nos gustaría señalar que debido a las circunstancias actuales el objetivo primordial del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia es crear un impacto sistémico y una intervención sin precedentes a nivel económico y social. Las distintas administraciones quieren agilizar muchos de los trámites que se realizan a nivel administrativo y que a veces hacen de cuello de botella para así reportar un beneficio directo de forma más ágil y rápida, para que se puedan beneficiar tanto empresas como conciudadanos.

¿Cómo afectará a España y a Cataluña?

De los 750.000 millones de euros, se estima que España va obtener más de 140.000 millones de euros, los cuales equivalen aproximadamente al 15% del PIB. El Estado español será el segundo máximo beneficiario, solo por detrás de Italia.

Será todo un reto para el Gobierno español asegurarse que se utilizan todos los fondos europeos con los que se cuentan, así como garantizar una gestión eficiente y eficaz de estos a través de los mecanismo de seguimiento y control de los fondos. Dichos mecanismos deben certificar una buena ejecución de los proyectos que el ejecutivo deberá ayudar agilizando sus procesos burocráticos y mejorando su estructura administrativa.

Se ha acordado que los ministerios transferirán una parte de esa cantidad, 10.793 millones, a las autonomías en los capítulos de competencias propias de energía, transportes, vivienda, educación o sanidad. De manera que, según consta en el informe económico-financiero de Presupuestos, el reparto de los fondos será del 54% para las comunidades, un 4% para los Ayuntamientos y el resto para el Estado.

Otro aspecto a tener en cuenta es el acuerdo establecido entre el Gobierno español y catalán sobre la participación “directa” en la gestión de los recursos que se esperan de los fondos europeos. La previsión es que durante el 2021 la Generalitat reciba 596 millones de euros directos. 225 millones se destinarán a vivienda y 371 a políticas medioambientales, estos datos son susceptibles a cambio. 

¿Cómo acceder a los fondos europeos?

El ejecutivo aún sigue trabajando en el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para establecer la gestión de los fondos europeos. El pasado 7 de octubre se presentó el borrador del Plan Nacional a través de un acto en formato telemático desde la Moncloa; asimismo, cabe destacar que los Estados miembros de la UE tienen hasta el 30 de abril de 2021 para presentar sus planes nacionales definitivos. 

La Comisión Europea ya ha publicado las directrices para la elaboración, presentación, aprobación y seguimiento de los Planes Nacionales a través de mecanismos altamente estrictos y de una gran exigencia para comprobar que se cumplen los objetivos previstos. Las ayudas no irán directamente a las empresas y promotores sino que entrarán en el presupuesto nacional y luego se distribuirán mediante mecanismos de gestión a encomiendas de cada uno de los 27. Cabe destacar que el sector privado debe adelantarse y hacer propuestas a las distintas administraciones. Asimismo, cabe subrayar que no se otorgarán ayudas sin proyectos por eso es fundamental influir antes. 

Por otro lado, el Govern de la Generalitat ha puesto en marcha una iniciativa para que las empresas puedan presentar sus proyectos a través de rellenar unas fichas y así darles apoyo para definirlo mejor con el objetivo de aumentar sus opciones a recibir financiación. Además, el ejecutivo catalán cuenta con un Comité Asesor para hacer seguimiento del NGEU.   

Desde 19N haremos seguimiento de todo el proceso y esperamos que el NGEU represente un antes y un después para el restablecimiento de la economía española y catalana, su mejora para la cohesión social y territorial, el desarrollo hacia una transición ecológica y una transformación digital.

*Agenda urbana rural (16%); Infraestructuras y ecosistemas resilientes (12%); Transición energética justa e inclusiva (9%); Digitalización del ámbito estratégico, como los procedimientos administrativos o la ciberseguridad (5 %); Modernización y digitalización del tejido productivo, pymes, industria, sector turístico y a la estrategia España Nación Emprendedora (17 %); Pacto por la ciencia, por la innovación, por el refuerzo de las capacidades del Sistema Nacional de Salud (17 %); Educación (18%); La nueva economía de los cuidados y las políticas de empleo (6 %); Deporte e industria cultural (1,1%); Modernización de nuestro sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible.

Sandbox Ley Española

Sandbox for dummies: la nueva ley española

Sandbox Ley Española

El pasado 18 de febrero de 2020, el Gobierno español aprobó un proyecto de ley para el establecimiento de un marco seguro de pruebas (sandbox) para las innovaciones tecnológicas en el ámbito financiero. El encargado de desplegar dicha iniciativa fue el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Finalmente, la Ley para la transformación digital del sistema financiero fue debatida en el Congreso de los Diputados en septiembre de este año y aprobada por unanimidad por el Senado el 4 de noviembre de 2020. La ley establece un sistema de rendición de cuentas, mediante un informe anual que será mandando a las Cortes Generales sobre la transformación digital del sistema financiero. Otras medidas del proyecto de ley son las siguientes: la aplicación del principio de proporcionalidad entre actividades y riesgos en el ámbito financiero; la creación de un canal de comunicación directa entre empresas y autoridades financieras; así como también, un mecanismo de consulta sobre dudas en la aplicación de la legislación; finalmente, se quieren aumentar los mecanismos de cooperación internacional. 

Pero… 

¿Qué es un Sandbox?

Un sandbox es el establecimiento de un marco regulatorio seguro para poder hacer pruebas con el objetivo de incentivar innovaciones tecnológicas en el ámbito financiero. La autoridad supervisora permite que se desarrollen estas pruebas con usuarios reales, bajo la tutela y supervisión de las autoridades competentes durante un periodo de tiempo determinado y con unos requisitos específicos. 

En términos de regulación y supervisión, es una de las innovaciones más grandes llevadas a cabo hasta el momento en el Estado, y tiene como objetivo último dar apoyo al crecimiento lícito y seguro de empresas, que por la novedad de su modelo de negocio, aún no tiene cabida en el marco regulatorio actual. 

A priori, se ha establecido un período de seis meses para ejecutar estas pruebas, pero este puede estar sujeto a posibles renovaciones y aún falta concretar algunos detalles sobre el calendario final.

¿Qué tipo de empresas y proyectos pueden ser sujetos a entrar a participar en el Sandbox?

Creemos que es importante señalar que esta iniciativa no solo se dirige a empresas del ecosistema FinTech o bien startups, sino a todo tipo de empresas de diferente naturaleza como por ejemplo RepTech, InsurTech o PropTech, entre otras. En otras palabras, entidades financieras y tecnológicas con proyectos innovadores que busquen un mejor encaje y más seguridad jurídica para su proyecto, así como también startups con un modelo innovador o disruptivo. 

Además, las empresas se pueden presentar de forma individual o conjunta. Se pueden crear “alianzas” y grupos de startups y/o empresas, el único requisito es cumplir con los criterios de participación establecidos.

Finalmente, cabe destacar que las empresas que se quieran presentar han de cumplir con el requisito mínimo de tener la sede social en España para poder formar parte del Sandbox. 

¿Por qué creemos que es relevante entrar en el Sandbox?

  • Por sus ventajas a nivel competitivo;
  • Proximidad y diálogo directo con el regulador; 
  • Aumenta la seguridad jurídica;
  • Reconocimiento y posicionamiento público de la entidad por el trabajo establecido con la administración;
  • Voluntad de la empresa en trabajar para incentivar la innovación y transformación financiera a nivel tecnológico de forma segura delante de otras empresas o agentes; 
  • Los inversores confían en el “check” / aprobación del regulador; 
  • En ejercicios y experiencias similares a nivel internacional – Reino Unido, Suiza, Países Bajos, Dinamarca, Bahrein, Canadá, Tailandia y entre otros – han dado resultados muy positivos.  

Convocatoria

Se espera que a mediados de diciembre Tesoro Público abra la convocatoria de presentación de proyectos. Para poderse presentar a esta convocatoria las empresas tendrán que rellenar un cuestionario, redactar una memoria, desarrollar un modelo de negocio y realizar otras gestiones administrativas

El proceso consta de una primera fase para evaluar la viabilidad del proyecto y examinar si este es innovador a nivel tecnológico y cumple con los requisitos establecidos, así como la negociación del protocolo de pruebas. 

A posteriori, se decidirá qué proyectos son aptos para integrarse en el sandbox en un periodo establecido a priori de seis meses, este está sujeto a cambio. 

Desde 19N haremos seguimiento de todo el proceso y esperamos que este sandbox represente un antes y un después para el crecimiento de la indústria FinTech en España.

19N participa en el informe sobre economía colaborativa del Centre for European Policy Studies (CEPS)

Ride-hailing, home-sharing, delivery y otras formas de compartir tareas con tecnología digital están creando empleo y crecimiento en Europa, y desafíos regulatorios importantes. ¿Cuáles deberían ser las responsabilidades de estas nuevas plataformas, cómo deberían clasificarse los trabajadores y cómo pueden las aseguradoras y otros prestar servicios a este nuevo tipo de actividad económica? Sobre todo, ¿qué normas europeas se requieren para que el mercado único funcione para la economía colaborativa?

19N ha participado en este nuevo informe proporciona algunas respuestas a estas preguntas. Completa el trabajo de un grupo de trabajo de un año que escuchó a representantes corporativos, sindicales, de empleadores y de la ciudad, junto con académicos destacados.

Sin reformas, Europa corre el riesgo de quedarse atrás en esta nueva área de actividad económica. Las plataformas, tanto europeas como no europeas, se enfrentan a un laberinto de reglas locales, a menudo contradictorias. Su estatus legal como plataformas de la sociedad de Internet o como proveedores de transporte o alojamiento sigue sin estar claro. La mayoría de las regulaciones sobre taxis y alojamiento datan de la era anterior a Internet.

Las sesiones del Grupo de Trabajo coincidieron en que es necesario modernizar el reglamento actual. Seguían existiendo importantes diferencias de opinión sobre el equilibrio adecuado entre las normas locales y europeas. Pero todos los miembros estuvieron de acuerdo en que las plataformas deberían asumir nuevas responsabilidades para combatir las actividades ilegales, lo que puede significar compartir información y datos sobre sus usuarios con las ciudades, siempre que se respeten las reglas de privacidad. Estuvieron de acuerdo en que las reglas sectoriales deben actualizarse para crear un campo de juego nivelado entre los hoteles y los alquileres privados a corto plazo, y los taxistas y los conductores de transporte. Y aunque persistieron los desacuerdos sobre la condición de los trabajadores como contratistas o empleados independientes, acordaron que los trabajadores deberían recibir una mayor protección social.

Àngel Mesado, partner de 19N, ha sido uno de los participantes en este informe.

En este enlace podréis leer el estudio completo y en aquí ver la presentación en nuestro canal de Youtube.

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Movilidad “free floating”: vehículo desbloqueado

free floating yego
Usuarios de motos de alquiler por minutos de la empresa YEGO circula por la Via Laietana de Barcelona / Albert Garcia

El proceso de desescalada del confinamiento está coincidiendo con la concesión definitiva de licencias por la movilidad free floating o de libre acceso en Barcelona. De hecho, la conversación sobre movilidad sostenible ha sido uno de los más destacados entre la multitud de fenómenos ligados a las nuevas tecnologías que esperamos que cambien nuestra vida a partir de la actual crisis sanitaria. Más de dos meses sin casi coches en las calles ha implicado niveles de contaminación bajos que, otra vez, nos ayudan a pensar diferente y a reforzar la apuesta por una movilidad sostenible para la ciudad.

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprovechado el momento para ampliar las zonas peatonals y, como decíamos, para completar el proceso de concesión de licencias por vehículos de movilidad free floating. Esta vez, sólo motocicleta y bicicleta eléctricas (patinetes eléctricos tendrán que esperar). Utilizo el término “completar” porque a pesar de la coincidencia con un momento histórico tan significativo, este proceso se ha alargado durante más de dos años, ha sido complejo y, como siempre en estos casos, nos ha dejado lecciones interesantes.

“El proceso de desescalada del confinamiento está coincidiendo con la concesión definitiva de licencias por la movilidad free floating o de libre acceso en Barcelona”

Vamos por partes. Empresas como Cooltra o Yego nacieron en Barcelona y operan -en modalidad eléctrica- desde el 2016. Con el tiempo, otras operadoras se fueron sumando y el nuevo servicio gana popularidad… y vehículos en la calle. En este contexto, el consistorio propone un sistema de concesión de un número fijo de licencias por operador calculado en base a la estimación sobre el espacio que ocupan este tipo de vehículos en el espacio público. Las empresas consideraron que era una cifra demasiado conservadora y se puso en marcha un intenso debate sobre posibles alternativas.

Con tiempo y mucho diálogo, se ha acabado estableciendo un sistema inteligente de concesión vía sorteo y consolidación de los derechos a licencia a partir de unos requerimientos de calidad y seguridad del servicio que reconoce la tarea de los actores más fiables (entre los cuales los más antiguos y experimentados). Brevemente: primero se sorteó un número determinado de licencias entre todos los actores interesados pero sólo las podrían conservar -y recogerían licencias no ratificadas- aquellos actores que un plazo determinado pudieran poner en la calle todos los vehículos licenciados cumpliendo con todos los requisitos técnicos y administrativos. La crisis sanitaria de la covid-19 y el nuevo impulso de la movilidad sostenible hizo que el Ayuntamiento todavía añadiera más licencias a la fórmula en el último momento.

Podemos estar satisfechos que finalmente se haya encontrado la manera de conceder las licencias equilibrando los intereses de todo el mundo, aunque el proceso se haya alargado tanto y haya consumido tantas energías. Hay que tener presente que, como suele pasar en muchos debates regulatorios alrededor de modelos de negocio surgidos a partir del uso de nuevas tecnologías, se trata de una negociación compleja en la que no es nada fácil innovar a corto plazo sin asumir ciertos riesgos! De hecho, ha sido una conversación con aspectos positivos de entrada, donde se ha sabido crear un espacio de confianza entre actores públicos y privados y donde la conversación específica -e importantísima- sobre la concesión final de licencias ha ido acompañada de múltiples ejemplos de análisis conjunto y de colaboración que han ido adaptando las características del servicio en base a la experiencia de las dos partes.

Esta conversación no es exclusiva de Barcelona. Todas las grandes ciudades intentant encontrar su esquema de movilidad free-floating y su modelo de gobernanza. El equilibrio final se suele encontrar en base a las características específicas de cada una de ellas – infraestructura de carril bici, uso de espacio público, características de movilidad tradicional- y de sus propias decisiones. Lo que sí acostumbra a ser común en todas estas realidades urbanas es la apuesta declarada por la movilidad sostenible y por la innovación. Y es en este punto que quizás nos tendríamos que preguntar si no hay que confiar más en modelos de regulación más dinámicos y más muy adaptados a la experiencia diaria de los innovadores.

El establecimiento de un sistema de concesión de licencias de manera unilateral y ex-ante que no tenga presente las dimensiones y dinámicas marcadas por el propio servicio puede traer a ineficiencias y a procesos de negociación dilatados en el tiempo que jueguen en contra de la emprendeduría y la innovación. Un número de licencias dimensionades sin contar con los datos de los operadores, o sistemas de otorgamiento que no valoran su experiencia sobre el terreno podrían condenar a desaparecer a empresas que están ofreciendo un gran servicio de movilidad sostenible.

“El sistema de Barcelona puede servir como modelo de libertad de empresa, libre competencia y coherencia con la estrategia municipal de movilidad y de gestión del espacio público”

Finalmente, el modelo de Barcelona, a pesar de un periodo de preparación tan largo y a veces tan tenso, puede servir de modelo en cuanto a sistema que concilia libertad de empresa, libre competencia y coherencia con la estrategia municipal de movilidad y de gestión del espacio público. Otros servicios innovadores -los patinetes esperan!- y otras administraciones seguro que se fijarán.

Artículo original publicado en Via Empresa el 3 de junio del 2020.

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Contactless Economy: el empujón que faltaba para el cambio digital

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Arc de Triomf (Barcelona) vacío debido al COVID-19 / EP

En un momento de reflexión acelerada sobre cómo gestionar la crisis sanitaria de la Covid-19 y cómo afrontar la recuperación económica, el papel de la economía digital y del sector tecnológico es más relevante que nunca. En este contexto, la conversación entre público y privado en el ámbito digitaltambién ha encontrado en esta crisis un nuevo momento de impulso. Un momento para entender mejor el potencial transformador de la tecnología y conciliar la disrupción digital con el crecimiento sostenible.Suscríbete gratis a VIA Empresa y recibirás todas nuestras historias en tu correo y ventajas exclusivas para suscriptores

La crisis de Covid-19 ha hecho aflorar lo que ya se denomina “economía del distanciamiento” o contactless economy: una serie de servicios, la mayoría basados en plataformas digitales, que se han desarrollado debido al confinamiento domiciliario forzoso y las medidas de seguridad sanitarias aplicadas a millones de personas.

Tecnologías de telecomunicaciones e internet, de apoyo a la logística, de control de aforo, herramientas de teletrabajo, servicios de streaming… han demostrado una capacidad extraordinaria de adaptación y han visto como no sólo crecía su número de usuarios, sino también como se estaban rompiendo las últimas barreras que todavía suponían un lastre para su difusión masiva. De hecho, la tendencia nos empuja a ir más allá de la contactless economy para constatar que nos movemos hacia una contactless society donde nuestros comportamientos de socialización -por ejemplo en el trabajo o en la manera como consumamos- se verán sujetas a cambios drásticos sin precedentes.

“La tendencia nos empuja a ir más allá de la contactless economy para constatar que nos movemos hacia una contactless society”

En este sentido, el fenómeno de la contactless economy se hace un lugar en el análisis para volver a proponer cuestiones de gobernanza en la sociedad digital que ya no se pueden posponer. Desde el punto de vista del decisor público, la contactless economy ha demostrado una gran capacidad de aportar soluciones y de hacerlo con unos niveles de adopción y de intensidad revolucionarios.

Este proceso acelerado de digitalización reclama una regulación inteligente que permita más eficiencia y seguridad jurídica tanto a las plataformas digitales como a sus usuarios. En este mismo contexto, habrá que estar atentos a las oportunidades, pero también a retos como la nueva interpretación de la privacidad, los derechos y garantías laborales, las múltiples caras de la fractura digital, la libre competencia o la propia digitalización de las industrias tradicionales.

La colaboración publicoprivada en el ámbito tecnológicoen esta nueva coyuntura histórica se tiene que basar en generar los espacios de confianza necesarios para promover un diálogo transparente y constructivo. Esta será la clave para que la gran crisis de Covid-19 se traduzca en una transición digital útil y sostenible. Muchas administraciones de nuestro entorno ya están desarrollando sandboxes, banco de pruebas regulador, o tech policy labs, para desarrollar normativa y soluciones tecnológicas que dan respuesta no sólo a la crisis sanitaria del coronavirus, sino también a las nuevas necesidades de una sociedad que está protagonizando una auténtica revolución digital.

“Este proceso acelerado de digitalización reclama una regulación inteligente que permita más eficiencia y seguridad jurídica tanto a las plataformas digitales como a sus usuarios”

En el caso concreto de Catalunya, habría que poner el foco en el apoyo a la digitalización de las pymes, a la promoción del turismo de calidad -ligado a las garantías sanitarias y de servicios contactless– y las nuevas dinámicas sociales y económicas derivadas del teletrabajo. Precisamente y de manera muy relevante, estos tres ámbitos pueden representar una gran oportunidad de dirigir el reto eterno del reequilibrio territorial.

En definitiva, administraciones, empresas y todo tipo de actor implicado en la gobernanza digital tienen que generar nuevos espacios de confianza para el diseño de políticas públicasque aseguren la recuperación económica pero también la competitividad y el liderazgo a nivel internacional. La sociedad contactless post-Covid19 comporta retos ciertamente preocupantes, pero también grandes oportunidades si, entre todos, sabemos construir una buena estrategia de adaptación a las nuevas reglas del juego.

Artículo original publicado en VIA EMPRESA el 11 de mayo del 2020